Detienen a 58 personas en Lleida por criar codornices y soltarlas en cotos de caza

 La Fiscalía General del Estado ha investigado una de las causas más singulares relacionadas con el medioambiente de los últimos años por tratarse de un delito poco frecuente y sin apenas jurisprudencia. Se trata de la supuesta liberación ilegal de más medio millón de codornices japonesas hibridadas en Lleida, una especie invasora que amenaza el equilibrio biológico y el patrimonio genético de la codorniz común. La Guardia Civil ha detenido en relación a esta causa a un total de 58 personas.

La investigación se inició en el año 2020, cuando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona) informó a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la operación Guatlla. Esta consistió en inspeccionar varias empresas de Lleida que se dedicaban a la cría y venta de carne y huevos de codorniz japonesa, una actividad legal, si bien también vendían ilegalmente ejemplares vivos cruzados de estas aves con la especie autóctona -y que eran casi indistinguibles- para alimentar a aves de cetrería o entrenar a perros de caza.

Cruzaban codorniz japonesa con común

La codorniz japonesa (Coturnix japonica) está catalogada en España como una especie exótica invasora y su posesión, transporte, tráfico y comercio está prohibido por ley, ya que compite y desplaza a la codorniz común (Coturnix coturnix) y puede hibridarse con ella. De hecho, los investigadores descubrieron que los productores denunciados habían cruzado ambas especies para hacerlas indistinguibles.

La Guardia Civil realizó 25 inspecciones en cotos de caza y 26 en granjas productoras tomando muestras biológicas para identificar la especie. De las 250 muestras analizadas, 29 correspondían a codorniz japonesa o híbridos. Se calcula que fruto de la venta ilegal de ejemplares hibridados se soltaron ilegalmente al menos 562.746 ejemplares vivos en el campo. La investigación señaló a tres granjas situadas en Lleida como las responsables de la comercialización en origen de esas aves.

Por todo ello la Fiscalía presentó una denuncia por un delito relativo a la protección de la fauna tipificado en el artículo 333 del Código Penal, que castiga con prisión o multa e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la causa a quien introduzca o libere especies no autóctonas que perjudiquen el equilibrio biológico. La Fiscalía considera este procedimiento judicial de gran interés, por su singularidad y por la falta de una línea jurisprudencial consolidada sobre este tipo penal. Por ello, dedicará los recursos humanos y técnicos necesarios para investigar lo sucedido, según consta en su memoria.